Una nueva gestión pública para América Latina – Luis Briceño Brock

Permanentemente ha estado en boca de todos los agentes políticos los intentos de reforma institucional; si bien los Estados han sido conocidos históricamente por su rigidez, la reforma de los mismos ha sido un elemento discutido constantemente. Si hacemos una corta recapitulación, la búsqueda de este proceso devino del período de postguerra, cuando un variado número de países que habían vivido tiempos de prosperidad, entraron en crisis en las últimas décadas del siglo XX, con la quiebra del Estado de bienestar.

Como era de esperarse, se creyó que la mejor forma de responder a la crisis, pasaba por revertir la figura de un Estado burocrático e interventor en los asuntos internos del país enmarcado en el pensamiento neoliberal, esto es, disminuir el tamaño del Estado y darle paso a este, a estar dominado por las reglas del mercado.

Sin embargo, la repercusión de este proceso no tenía gran impacto desde el punto de vista económico y político. Todo esto generó que se considerara que la solución no estaría en el desmantelamiento del aparato estatal, sino en su reconstrucción. Es decir, era imperante hallar “una tercera vía entre el laissez-faire neoliberal y el antiguo modelo social-burocrático de intervención estatal” (CLAD, 1998).

Por este hecho, surge la Nueva Gestión Pública (NGP) como modelo alternativo de gestión, que ha impulsado desde finales del siglo XX un gran número de transformaciones que han reorientado la forma de concebir a las administraciones públicas. Este conjunto de transformaciones en el Estado como señala Moyado (2002) citando a Hobsbawmn estaba orientado en aspectos como “su tradicional monopolio de fuerza armada, mucha de su anterior estabilidad y poder, y cada vez más el fundamental sentido de legitimidad, o por lo menos de permanencia aceptada, que permite a los gobiernos imponerle a ciudadanos dispuestos, cargas tributarias y conscripción”.

En el caso latinoamericano, diferentes organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), han puesto en manifiesto la necesidad institucional de llevar a cabo procesos intensos de transformación estatales, esto permitiría cambiar las políticas y costumbres para adecuarse a la sociedad cambiante de la actualidad, frenando tanto la progresiva burocratización e insatisfacción de los ciudadanos con los bienes y servicios estatales, así como el creciente déficit público en los Estados.

Sin embargo, la aplicabilidad de los postulados del modelo de la Nueva Gestión Pública, variarán considerablemente en un país a otro, puesto que cada entidad es titular de particularidades y características únicas. Fernández y otros (2008) señalan sobre este caso que la aplicabilidad depende “entre otras causas, de la etapa concreta de desarrollo en la que se encuentre el país, de su nivel de ingreso, su tamaño, configuración étnica, características culturales y sistemas políticos y administrativos.

Dicho esto, el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) en 1998, sus 25 países miembros suscribieron el documento “Una nueva gestión pública para América Latina”, en donde se definió la agenda de la Reforma Gerencial para los países de la región. Como ya mencionamos, Latinoamérica como región posee sus propias condiciones que ameritan ser evaluadas para que aquellos proyectos de reformulación estatal puedan generar los resultados esperados o la aproximación a los mismos; de este punto vemos que los principales determinados por el CLAD (1998) son “la consolidación de la democracia, la necesidad de retomar el crecimiento económico, y la reducción de la desigualdad social”.

El CLAD determinó que no resolver estos problemas intrínsecos de la región haría que el proceso de reforma del Estado pueda perder legitimidad social en corto plazo. Ellos hacen hincapié en que los constantes intentos sólo se atañen a cuestión de la estabilización económica, resultando en que el desarrollo no se retomó con firmeza, la concentración de la renta no se revirtió y no se consolidó la democracia. La idea predominante sobre este aspecto es que “el mayor desafío está en compatibilizar las tendencias mundiales de cambio con las especificidades de la región” (CLAD, 1998), por lo tanto, se debe asegurar que los intentos vayan en pos de la  reconstrucción del Estado y recuperando su capacidad de gestión.

En el plano teórico, la implementación del modelo de la nueva gestión pública viene a ser el complemento de la reforma burocrática weberiana en el Estado. Sin embargo, en nuestra región ningún Estado completó el proceso de aplicar el modelo burocrático weberiano en la administración pública, siendo una condición esencial, puesto que la administración pública gerencial debe sustituir a la administración pública burocrática, en el sentido que se deben cumplir todas las fases o etapas del modelo weberiano.

Existen aspectos como eficiencia estatal, democratización del servicio público y flexibilización organizacional de administración pública contemporánea que el modelo burocrático no puede darle respuesta. En este caso, resulta imprescindible llevar a cabo el proceso de reforma gerencial para mejorar la capacidad de gestión del Estado, así como para aumentar la gobernabilidad democrática del sistema político. De acuerdo al CLAD (1998) en su documento “la reconstrucción de la capacidad estatal es una condición esencial para que los países latinoamericanos enfrenten en forma más exitosa los problemas de la redemocratización, del desarrollo económico y de la distribución de la riqueza”.

En otras palabras, para ellos “la reconstrucción de la administración pública a través de la Reforma Gerencial, llevará al mejoramiento de la gestión del Estado, entendida como la capacidad del Estado para concretar en la realidad, de manera eficiente y efectiva, las decisiones tomadas a nivel político”(CLAD, 1998).

Entre los puntos que aboga este modelo, están aspectos como la flexibilización organizacional, capaz de hacer más ágiles a los gobiernos; desarrollar  el montaje de una red de relaciones más democráticas entre la prestación de los servicios públicos y los ciudadanos-consumidores;  y lograr la implantación de un modelo contractual y competitivo de acción estatal, a partir del cual se pueda aumentar la eficiencia y la efectividad de las políticas (CLAD, 2008).

Igualmente, este modelo no favorece la elaboración de un Derecho Administrativo rígido que obstaculiza la flexibilización de la Administración Pública, puesto que en muchos caos, surgen mafias administrativas como respuesta a ineficiencia generalizada de la limitada, engorrosa y escasa conexión entre los niveles de la administración.

Este proceso de reconstrucción de la capacidad del Estado, también se le puede relacionar con la propuesta de Lawrence R. Jones y otros (1999) con su modelo de las cinco “R”, en donde el Estado debe pasar por una Reestructuración donde se identifican competencias y se eliminan las que no son; Reingeniería donde se rediseñan las competencias de la organización; Reinvención donde se desarrollan nuevas modalidades de planificación y estrategias de servicio; Realineación  donde  se reorientan las competencias con la finalidad de la organización y una Reconceptualización donde se construye una organización con capacidad para aprender y para adaptarse.

De igual manera, este modelo ha sido denominado como progresista, de acuerdo con el CLAD (1998) por las siguientes razones:

  • Afirma la responsabilidad del Estado en relación con los derechos sociales y su papel financiador en el área de los servicios sociales de educación, salud y cultura.
  • Presupone que la función del Estado en el plano del empleo no es dar empleo, sino crear las condiciones favorables para el pleno empleo.
  • Busca ampliar el espacio público, con la creación del concepto de lo público no-estatal, y procura aumentar las formas de participación popular en la evaluación y en el control de los servicios públicos.
  • Supone que la acción colectiva o la cooperación entre las personas dotadas de espíritu público es posible y efectiva.
  • Afirma, finalmente, que la oferta de servicios públicos a través de entidades públicas no estatales, además de ser más segura, puede ser mucho más eficiente que la oferta privada o inclusive estatal.

Por último, ya habiendo conocido ciertos elementos teóricos de la NGP, como conclusión mencionando ciertas características y objetivos de la Reforma Gerencial que se ha iniciado a modo de poder identificarla plenamente:

  • La profesionalización de la alta burocracia es el punto de partida de la Reforma Gerencial
  • La administración pública debe ser transparente y sus administradores deben ser responsabilizados democráticamente ante la sociedad.
  • Descentralizar la ejecución de los servicios públicos es una tarea esencial en el camino de la modernización gerencial del Estado latinoamericano.
  • En las actividades exclusivas del Estado que permanezcan a cargo del Gobierno Central, la administración debe basarse en la desconcentración organizacional.
  • La Administración Pública Gerencial se orienta, básicamente, por el control de los resultados, contrariamente al control paso a paso de las normas y procedimientos, como se hacía en el modelo burocrático weberiano.
  • La mayor autonomía gerencial de las agencias y de sus gestores debe ser complementada con nuevas formas de control.
  • En el modelo gerencial de administración pública es preciso distinguir dos formas de unidades administrativas autónomas.
  • Otra característica importante de la Reforma Gerencial del Estado es la orientación del suministro de servicios hacia el ciudadano-usuario.
  • Por último, es fundamental modificar el papel de la burocracia en relación con la democratización del Poder Público.

Autor :

Luis Alberto Briceño Brock

Politólogo Summa Cum Laude de la Universidad del Zulia 

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