Contexto, evolución y perspectivas del proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia – Carlos Gross

El 2 de octubre de 2016, fue el plebiscito sobre los términos del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas Ejército del Pueblo; FARC-EP y el gobierno de Colombia. La opción más votada por los ciudadanos, fue la que  rechazaba el acuerdo de paz, con 50,21% de los votos totales, además que hubo 62,59% de abstención, la más alta del país desde hace 22 años. Los resultados del plebiscito llevaron a las partes firmantes –FARC-EP y gobierno- a elaborar un nuevo acuerdo, el cual se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, llamado Acuerdo Final, y por iniciativa de ambas partes, se decidió no someter el nuevo acuerdo a la voluntad del electorado para evitar que se repitan los resultados obtenidos en octubre, en su lugar, este nuevo acuerdo, sería llevado al Congreso, lo cual el gobierno define como un plebiscito indirecto.

Seguidamente a la firma del nuevo acuerdo de paz, el 27 de diciembre de 2016, el Congreso de Colombia inició una discusión sobre la posibilidad de crear una ley de amnistía para algunos excombatientes de las FARC-EP y algunos funcionarios de gobierno que se encuentran privados de libertad. El 30 de enero de 2017, se dará a conocer a quienes no incluiría esta ley en su ámbito de aplicación por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esta discusión que se inició en el Congreso, es parte de la llamada modalidad Fast Track –vía rápida- para que el nuevo acuerdo de paz sea aplicado lo antes posible. El presidente Juan Manuel Santos asegura que en el primer trimestre de 2017 habrá acabado el conflicto armado con las FARC-EP, el grupo guerrillero de mayor trascendencia de Colombia.

Las FARC son un grupo guerrillero de ideología marxista-leninista. Si bien su principal presencia está en Colombia, sobre todo al sur y al este del país, también tienen asentamientos en Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá, de acuerdo a datos publicados por el Gobierno colombiano. Las motivaciones iniciales de las FARC, son distintas a sus motivaciones actuales. Se considera que nacen en 1964 luego de una ofensiva por parte del gobierno contra la denominada República de Marquetalia, la cual fue una de las consecuencias de un conflicto conservador-liberal desatado en 1948 con el asesinato del popular caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, durante el Bogotazo, el cual detonó  la denominada “época de la violencia” en Colombia, la cual dejó más de 200.000 muertos.

Pronto se desencadenaron continuos choques generando la formación de grupos armados de autodefensa, de ideología comunista; los cuales hacia la década de los 50 se organizaron en las denominadas Columnas de Marcha y formaron la llamada República de Marquetalia. Entre 1956 y 1958 se crea el Frente Nacional, en el contexto de la Guerra Fría. Pedro Antonio Marín, alias “Tirofijo” o “Manuel Marulanda”, fundó la guerrilla Bloque Sur y en 1966, cambió su nombre por las FARC, apoderándose de las zonas rurales de Colombia. Su objetivo inicial fue crear zonas de autodefensa del conflicto conservador-liberal y protegerse de la época de la violencia permaneciendo en las montañas.

A partir de la década de los 80, el movimiento tuvo mayor impacto en la sociedad colombiana y el mundo, en primer lugar, agregaron a su nombre las siglas EP, que significan Ejército del Pueblo, ahora se llamarían; FARC-EP. Su objetivo se convirtió en la toma del poder y lo intentaron hacer con el recrudecimiento de la violencia, a la vez que podían financiarse con un importante desarrollo del contrabando y el narcotráfico. A pesar de los intentos de los distintos gobiernos de llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla, estas seguían delinquiendo. Reclutaban personas, extorsionaban, destruían obras públicas, masacraban, asesinaban y secuestraban. El número de víctimas seguía en aumento, en su mayoría civiles.

En el año 2000, se implementó el Plan Colombia que contó con el apoyo de Estados Unidos durante la presidencia de Álvaro Uribe. Buscaba debilitar a las filas de la guerrilla y disminuir la amenaza del narcotráfico. De acuerdo a fuentes del Sector de Defensa del Gobierno, los efectivos armados de las FARC-EP pasaron de 16.000 en 2001 a 9.000 en 2011, y luego a 6.672 efectivo en 2013. La organización se vio debilitada tras el asesinato de varios de los cabecillas de su secretariado a manos del gobierno colombiano, en 2008 fue abatido Luis Devia alias “Raúl Reyes” en Ecuador, en 2010 Víctor Suárez alias “El mono Jojoy”  y luego de la muerte por causas naturales de Marulanda, Alfonso Cano se convirtió en el nuevo líder del grupo guerrillero y en 2011 fue asesinado por el gobierno, lo cual llevó a Rodrigo Londoño alias “Timochenko” o “Timoleón Jiménez”, a convertirse en el nuevo líder de la las FARC-EP.

El debilitamiento de las FARC fue un factor clave para que se retomaran las mesas de conversaciones con el gobierno. En octubre de 2012 inició una mesa de conversación en Oslo, Noruega y en noviembre del mismo año iniciaron las negociaciones en La Habana, como sede neutral propuesta por las FARC-EP y aceptada por el gobierno precedido por Santos. Noruega y Cuba fungieron como países garantes y Venezuela y Chile como países acompañantes del proceso. Después de cuatro años de negociaciones, firmando un acuerdo de paz el 24 de agosto de 2016 y se declaró cesar el fuego desde el 29 de agosto. Este acuerdo de paz fue el que se consultó en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Es necesario mencionar, que los primeros intentos por poner fin al conflicto, se remontan a las negociaciones iniciadas en los años 80 durante el gobierno de Belisario Betancur y en los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quienes han sido los principales opositores a los términos del acuerdo de paz más reciente.

Durante el proceso de negociación, no solo se habló de los crímenes cometidos por las FARC-EP, los cuales contabilizan más de 11.000 procesos abiertos en la fiscalía nacional por crímenes contra los derechos humanos, sino por de los presuntos crímenes de guerra de los que es acusado el gobierno colombiano por la aparición de los falsos positivos en 2008 durante el período presidencial de Uribe durante la Operación Colombia en la cual participó su ministro de la defensa, Juan Manuel Santos y posteriormente la operación se extendió hasta los primeros años del gobierno de Santos. Por lo tanto, la negociación de los términos de paz en materia de justicia, no tenía únicamente a las FARC-EP como foco.

El Acuerdo Final se resume en seis puntos:

  1. Política de desarrollo agrario integral: busca reducir la brecha de pobreza y desarrollo entre las zonas rurales y las principales ciudades, reactivar el desarrollo agrícola y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de las zonas rurales en un plazo de 10 años.
  2. Participación política: el primer acuerdo de paz proponía la participación política de las FARC-EP, otorgándoles 2,4 millones de dólares para garantizar el establecimiento del partido político y la difusión de sus ideas a través de canales radiales y televisivos que también recibirían. Además, ese partido tendría garantizado un mínimo de 5 escaños en la Cámara de Representantes y 5 escaños en el Senado durante dos períodos electorales (2018-2020) pudiendo obtener más puestos si obtienen los votos suficientes y cualquier representante de las FARC-EP, podría ocupar esos escaños siempre que, no esté pagando condena en la cárcel. El nuevo acuerdo no presenta cifras pero menciona que se otorgará anualmente hasta julio de 2016 “una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma del Acuerdo Final” y mantendrán los escaños garantizados para el Senado y la Cámara de Representantes por dos períodos.
  3. Fin del conflicto: Es la disposición expresa del fin del conflicto y la prohibición a reanudarlo o romper los términos acordados. A partir del día de la aprobación del acuerdo de paz, las FARC-EP tendrán 180 días para entregar las armas y serán recibidas por una comisión de las Naciones Unidas. El acuerdo de paz contará con rango legal al agregar un artículo transitorio a la Constitución que establecerá que deben cumplirse de buena fe el acuerdo alcanzado.
  4. Solución al problema de drogas ilícitas: Promueve la sustitución voluntaria del cultivo de drogas ilícitas y un tratamiento especial a los eslabones más bajos de las cadenas de narcotráfico. Los tribunales considerarán si cada caso ligado al narcotráfico es conexo a delitos contra los derechos humanos y si la persona podría ser sujeto de amnistía o no.
  5. Víctimas: se crea un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Se enfoca en las víctimas del conflicto, con las que las FARC-EP se comprometerían a pedir perdón y a resarcir los daños pero no explica cómo. Este punto propone la creación de una comisión de la verdad en la cual las víctimas relaten sus vivencias referentes al conflicto para determinar condenas y culpables a través de un tribunal de justicia transicional llamado “Tribunal de Paz” con la jurisdicción exclusiva para casos del conflicto armado conformado por jueces colombianos con asesoría de jueces extranjeros. Estos tribunales recibirán solicitudes de investigación durante dos años pudiendo extenderse un año más y tendrán una duración de diez años prorrogables por cinco más. La amnistía será el principal bastión de estos tribunales pero no podrá ser aplicada a crímenes internacionales y en caso de ser necesaria la restricción de la libertad, podrá llevarse a cabo en granjas en lugar de ir a las cárceles.
  6. Implementación, verificación y refrendación: se refiere a la implementación de las condiciones acordadas para alcanzar la paz. Con la firma del Acuerdo Final, y la refrendación ciudadana -que en este caso será de segundo grado ya que será a través del Congreso y no del voto popular- se dará inicio a la implementación del acuerdo.

El primer acuerdo de paz que la ciudadanía no aceptó, significa una fisura dentro del proceso de finalización del conflicto armado, la cual podría ser subsanada por la aprobación del Acuerdo Final. El riesgo de que esta fisura pueda convertirse en un punto de quiebre es alto, por ende, es necesario que se apruebe el Acuerdo Final para evitar que se rompa el cese al fuego y se retome la violencia. Por la forma en que se configuró el tablero político, las partes entendieron lo que estaba en juego, por eso, prefirieron llevar el Acuerdo Final al Congreso para evitar que se repitan los resultados del plebiscito. Es importante resaltar que el electorado al votar en contra del primer acuerdo de paz, no significa que hayan votado en contra de la paz, sino que no estuvieron de acuerdo con los términos en los que se planteaba finalizar el conflicto armado.

Carlos Gross

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