Reafirmación democrática de la Administración Pública – Luis Briceño Brock

Los grandes teóricos de la democracia han desarrollado el planteamiento que este sistema debe estar al servicio de los intereses de la población; la democracia da la potestad a sus ciudadanos de determinar quiénes serán aquellos que los gobiernen, también, la democracia exige a los actores estratégicos dentro de un territorio que tengan un carácter equitativo en el marco de los procesos de negociación.

     No obstante, las democracias modernas siguen presentando fallas dentro de sus sistemas producto entre otros aspectos, de la inflexibilidad de la Administración Pública, lo cual termina por impedir el verdadero ejercicio del poder por parte del ciudadano. Si bien en el siglo XX se consolidó la idea de que es el ciudadano el titular del poder político, ahora en el siglo XXI se debe consolidar la idea de que es el ciudadano quien debe ejercer ese poder del cual es titular según el concepto originario de la soberanía popular.

    En el caso venezolano, este aspecto es mencionado en el artículo 5 de nuestra Constitución (Asamblea Nacional Constituyente, 1999) al referirse que:

“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.”

No obstante, para muchos gobiernos el ejercicio de la soberanía popular se resume simplemente en legitimarse solo en el principio de la representación, en el ejercicio del sufragio. Sartori (2007) nos plantea este hecho, explicando que el problema no está en la ida cuando corresponde elegir a un representante, sino, en el regreso de ese poder a su titular natural, en este caso, el ciudadano, quien es el que elige.

     Otro renombrado teórico, Robert Dahl (1992), nos señala que en una democracia genuina deben coincidir cinco condiciones básicas enunciadas por igualdad política, participación efectiva, entendimiento fundado, incidencia ciudadana en la agenda y  equiparación de posibilidades de incidencia.

     Por consiguiente, si el problema está en que el ciudadano ejerza efectivamente el poder del cual es titular, entonces la administración pública debe asumir como reto la titularización del poder por parte de los ciudadanos, como criterio para reafirmar la democracia y consolidarla.

     Los regímenes democráticos necesitan para su eficiente desempeño una organización pública que responda a criterios de racionalidad y legalidad. El proceso de consolidación democrática es favorecido cuando cuenta con un Poder Ejecutivo vigoroso dependiente de instituciones que respondan a los diversos intereses y demandas de su población.

      De igual manera, la evolución de las sociedades democráticas ha permitido un profundo proceso de crecimiento y fragmentación administrativa de modo que no se habla de una sola sino de varias administraciones públicas, para plasmar la pluralidad de realidades que se esconden en la actualidad bajo el nombre genérico de administración.

     La administración tiene la tarea del funcionamiento de la maquinaria gubernamental en el cumplimiento diario de las finalidades políticas; la administración pública, tanto la organización, como la función debe ser el instrumento adecuado para llevar a cabo los fines políticos que se hayan propuestos. Por lo tanto, debe atender la expansión de su alcance como elemento primordial que permita responder las distintas realidades que componen el sistema democrático al cual se debe.

        En otro sentido, todas las transformaciones políticas que se puedan dar en nuestro país deben traducirse en acciones que ofrezcan un trato igualitario a los ciudadanos frente al poder público con una más eficiente administración. De algún modo, la administración pública debe valerse de la cantidad de recursos con que cuenta para poder vencer viejos esquemas estructurales que obstaculizan su funcionamiento.

     Históricamente hemos apreciado como la Administración Pública se conformó como mecanismo clientelar que si bien permitió el funcionamiento del poder, aunque concentrado en unos pocos, limitó la eficiencia, la transparencia, la celeridad y la confianza hacia un sistema. Ciertamente, los cambios estructurales en el país son condición necesaria pero no suficiente para la transformación política democrática, es necesaria iniciar una reforma de la administración pública que la haga más cercana a la población

     Dicho todo esto, ¿Cuáles son los retos que debe asumir la Administración Pública? De manera breve y consiga enumeraremos lo que a nuestro criterio debe realizar la administración pública venezolana para reafirmar la democracia en el país.

  1. La administración púbica democrática debe tener aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos sin establecer diferencias entre ellos, a los ciudadanos a quienes se debe, no responder a criterios de religión, ideología, sexo o color.
  2. Para reforzar los principios democráticos en el manejo cotidiano del poder público, se requiere una administración con criterio racional en el uso de los recursos, que sea eficaz y profesional, que además de responder eficientemente a las demandas y prestación de bienes y servicios de los ciudadanos, proporcione un trato indistinto al estrato económico o influencia política o personal.
  3. Debe incentivar la especialización y contratación meritocrática de los funcionarios, esto daría pie a la despolitización desde el punto de vista partidista de la administración pública.
  4. Desarrollar mecanismos del control por parte del los congresos, poderes locales y grupos sociales hacia el funcionamiento de la administración pública, cuyo efecto originará mayor transparencia en la prestación de los servicios.
  5. Que deje de ser una tarea pendiente profundizar la transparencia en la gestión, el ciudadano merece saber cuáles son las actividades que realizan la administración pública, como la realiza y donde la realiza.
  6. Insertar nuevos elementos jurídicos que permitan una reformulación normativa de la Administración Pública, haciendo más flexible y adaptable a realidades presentes.
  7. Desarrollar el uso del gobierno electrónico como herramienta avocada a facilitar la solución del problema de la participación ciudadana, generando un espacio que permita consolidar de la forma más perfectible posible el verdadero concepto de gobierno del pueblo (demos: pueblo – cracia: poder).

Luis Alberto Biceño Brock

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